Billetes de 1 y 2 euros

Durante la pasada sesión plenaria del Parlamento europeo, el PP español, con la excepción del ex ministro Montoro, firmó una declaración presentada por la diputada italiana de Forza Italia Amalia Sartori en la que más de la mitad de los parlamentarios pedimos a la Comisión Europea, al Consejo y al Banco Central Europeo que se reconozca la necesidad de emitir billetes de 1 y 2 euros. Algunos socialistas también lo apoyamos. En general, soy reticente a unirme a estas declaraciones, carentes de fuerza legislativa, pues su profusión es tal que hace que pierdan fuerza las demandas presentadas. Un simple vistazo a la sección de declaraciones de la web del Parlamento europeo, www.europarl.eu.int, nos muestra la diversidad de sensibilidades que recoge el Parlamento europeo. Unas, excéntricas, en mi opinión (aunque no en la de muchos, dada la exacerbada preocupación en Europa por el trato que reciben los animales), como la que estudia «el creciente interés internacional sobre la bilis del oso en China», que me recuerda también la atención prestada en la Junta General del Principado hace años al «cangrejo rojo»; otras, bienintencionadas, pero con propuestas simplemente históricas, como la declaración sobre el 60.º aniversario de la liberación de Varsovia, donde se pide «a las instituciones de la UE y a los estados miembros que reserven a aquellos trágicos acontecimientos un lugar en la memoria colectiva de Europa»; las más, del todo justas, como la reciente de Elizabeth Lynne, Elena Valenciano y Anna Zarborska sobre la necesidad de poner fin a la relación entre viajeros de negocios y la trata de mujeres y niños forzados a prostituirse, o la caducada de Diana Wallis sobre la endometriosis, inflamación de las paredes del útero que afecta a 14 millones de mujeres en la Unión Europea, lo que implica un cuantioso coste sanitario para las personas y los estados. La declaración sobre billetes de 1 y 2 euros propone una solución sencilla a un problema complejo, que afecta a la lucha contra la inflación y la percepción del valor de la moneda, más si cabe ante la futura integración en el euro de los nuevos países de Europa Central y Oriental. Sin embargo, difícilmente saldrá ante la oposición del Banco Central Europeo.

Tartamudos II

El pasado mes de febrero nos referíamos desde esta columna a las barreras legales de los tartamudos y a las primeras acciones que iniciaba mi oficina parlamentaria para contribuir a superarlas. Hoy, aquí en Bruselas, me produce una íntima satisfacción que el Gobierno español, a través de su portavoz, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, haya anunciado la derogación de veinte disposiciones que limitaban el ejercicio de los derechos ciudadanos de los afectados por esta minusvalía. Eran disposiciones de diverso calado legal que condicionaban el derecho a la igualdad; no en vano, las estadísticas señalan que el 5% de la población infantil está condicionada por ese problema, un 20% de los cuales (un 1% de la población total) no lo superará si no recibe a tiempo un tratamiento adecuado. Aquí, esta vez en Estrasburgo, celebramos una recepción el pasado martes, 25 de octubre, que está destinada a ser histórica. Invitaban Elsa (Liga Europa de Asociaciones de Tartamudos), con su presidente, el inglés Edwin Farr; y la española Ttm (Fundación española de la tartamudez), con su presidente, Adolfo Sánchez. Entre bambalinas y en el anonimato, el éxito de esa reunión se debe en gran medida a Alejandro Rojas Marcos, el político andalucista, y a mi colaborador Pablo Sánchez la Chica, que prestó todo el apoyo posible. Con este motivo se presentó la declaración del «Día internacional de la tartamudez», emitida por el intergrupo de discapacidad (grupo de diputados que trabaja en favor de los minusválidos), presidido por el laborista Richard Howitt, que pretende aumentar la concienciación de los problemas de los tartamudos y reducir la discriminación y los estereotipos negativos. El texto señala que «los tartamudos tienen derecho a recibir una terapia apropiada para las necesidades y características de cada uno, por profesionales suficientemente formados para tratar la tartamudez y los problemas que conlleva». Se pide un reforzamiento de la legislación antidiscriminatoria a través de una directiva europea para los tartamudos. Asimismo, se constata que «los tartamudos tienen el derecho a tartamudear, o a tener fluidez verbal en la medida de las capacidades de cada uno, y el derecho a comunicarse y a ser escuchados