Con independencia de lo que voceen las distintas fuentes sobre el número de manifestantes en pro de la independencia de Cataluña ("Le Soir": 10.000; "La Libre Belgique": 45,000), quienes tienen ya formado criterio sobre los motivos, desarrollo y efectos derivados del intento de golpe de Estado no van a cambiar su opinión: se trata para ellos de un hecho irrelevante.
Pero no es irrelevante para quienes asisten boquiabiertos al espectáculo que está dando un político destituido y huido a Bélgica, que sigue culebreando allí, con el concurso protector de políticos y abogados flamencos, porque las opiniones públicas reciben mensajes, cuando menos confusos, que básicamente consisten en que España es un país donde se tortura, hay presos políticos, se gobierna con modos autoritarios y la justicia es arbitraria y subordinada al designio del Gobierno. En resumen, España es un país en el que no existe la separación de poderes.
Por encima del desacuerdo en las cifras de manifestantes, en lo que sí concuerda la prensa belga es en que buena parte de ellos eran independentistas flamencos, con banderas separatistas catalanas, que les había entregado el partido secesionista flamenco Vlaams Belang (heredero del ilegalizado Vlaams Blok), una formación xenófoba y de extrema derecha, que es la máxima valedora del independentismo catalán y vasco en Bélgica.
Esta constatación puede ayudar a precisar los números, pero no dice nada sobre el daño inferido al "honor" del Estado español, un Estado en el que la reputación es un bien jurídico protegido por el Código Penal, que castiga como ataques a la dignidad las injurias y las calumnias. Un amigo con sabiduría y kilometraje cree que, como con las muelas, quizás lo mejor sea mejor esperar a bajar la inflamación antes de hacer intervenciones que pudieran extenderla. Pero el malestar interno se hace viral, como se dice ahora.
En estos últimos cuarenta años, el pueblo español ha hecho un formidable esfuerzo, ha abrazado la democracia hasta hacerla ejemplar, ha puesto en marcha las autonomías, vencido al terrorismo y desmontado el golpismo, creado riqueza para los ciudadanos, universalizado la sanidad y la educación, mejorado la calidad de vida y las condiciones de los españoles, desarrollado las mejores infraestructuras del mundo occidental; y más.
Y un aventurero, que, con otros compañeros de viaje, ha fracasado en su ensoñación de proclamar la república catalana y la independencia de España se pasea ahora por la capital de Europa y se entretiene, con el apoyo cómplice de algunos flamencos, en demonizar el sistema democrático español, calificar al Gobierno de franquista, desprestigiar a jueces y fiscales y, en definitiva, en tratar de dañar la imagen de España, despotricando contra la credibilidad de nuestras instituciones, con la intención evidente de causar un perjuicio a la reputación de nuestro país.
Gargarizan sus mensajes, a propósito de la retirada de la euro-orden, con invenciones tales como que España tiene miedo de que se sepa la verdad y está aterrada ante la posibilidad de que ellos la desenmascaren. Luego lo negarán y, en su aparente contrición para evitar la prisión, se retractarán, pero es posible que esta repetida ya no les valga. No hay nada como esperar a que acaben las muecas y los bullicios electorales para validar la certidumbre de las hipótesis.
Y es que el juez instructor del Supremo que dirige, como consecuencia de una resolución de la Sala II del TS, el procedimiento contra los aforados, decía ya, al considerar que los hechos investigados podían constituir un delito de rebelión, que sus presuntos autores constituyen una "empresa criminal conjunta", por cuanto se trata de un alzamiento violento y público para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, planeado y ejecutado en diferentes fases y momentos, por una pluralidad sincronizada de personas.
El instructor tuvo después que replantear su modus operandi, al tener que extender el procedimiento a los investigados por la Audiencia Nacional, acumulando a las actuaciones iniciadas las tramitadas por la Audiencia. Esta acumulación le enfrentó con dos nuevos problemas: resolver sobre las peticiones de libertad de los encarcelados y evitar los posibles efectos no deseados de la euro-orden en la que se solicitaba la detención del expresidente de la Generalitat.
El magistrado ha resuelto ambas cuestiones, manteniendo en prisión sólo a aquellos de los imputados en quienes considera que la posibilidad de reincidencia en su actividad delictiva pudiera ser particularmente lesiva para el bien protegido y anulando la euro-orden de detención.
Uno de los mayores riesgos de cualquier organización, no digamos de un Estado, es el daño a su reputación, que es su activo principal, pues constituye su fondo de comercio, que se construye a lo largo de años de buen trabajo y que puede dañarse en escasos minutos.
Los motivos más habituales para la destrucción de una reputación son los defectos aflorados, los intentos de engaño o la corrupción probada, y la globalización no ha hecho sino agravarlos, pues, entre otras cosas, el uso masivo de la tecnología ha ampliado su impacto negativo de forma geométrica, haciendo a las organizaciones aún más vulnerables.
El abogado de Oriol Junqueras, al impugnar la situación en que se encuentra su cliente y reclamar su libertad, ha lamentado "el daño a la reputación". Sensible materia esta para todos los que han empeñado muchos esfuerzos en construirla.
Sería injusto incluir en un solo paquete a los anfitriones del quinteto catalán acantonado en Flandes. Los francófonos belgas se han asomado a las redes sociales para mostrar su hartazgo, sin ocultar el disgusto por la instrumentalización que los diecinueve abogados defensores de los fugados podrían estar haciendo para favorecer a los que aún no han comparecido ante la justicia española. No entienden que los ricos hayan ido a Bruselas a manifestarse para ser más ricos, a costa de humillar, sin conseguirlo, a un país miembro de la Unión Europea que sigue contando con el apoyo unánime de sus socios y aliados.
Al populismo separatista se le empiezan a ver las costuras, pero el daño que ya ha inferido a la reputación de España ha sido considerable. Desde aquella tarde de octubre, en que se desató, con eficacia y con mentiras, la máquina del descrédito: 900 heridos, 90 por ciento de los catalanes a favor de la independencia y una serie de vídeos con imágenes repetidas de la actuación policial, bien diseminados por las televisiones, para hacer visible la pretendida represión; hasta el, por ahora, penúltimo episodio de la manifestación en Bruselas, en un día laboral en Bélgica y festivo en Cataluña.
Remontando cuesta arriba, al proceso judicial, que ha entrado en agujas, le queda un espinoso camino por recorrer, pero habrá un final. La cuestión será ver hasta dónde llega el nivel de la inflamación causada por un adversario sin complejos morales.
